jueves, 14 de junio de 2012

Legalizando la entrega

El proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su sanción es el “Caballo de Troya” de las transnacionales mineras. El gobierno de Cristina Fernández profundiza la entrega de los recursos estratégicos de nuestro país, y ahora trata de crearles un marco legal que garantice la impunidad de las corporaciones y el Estado.


No discutimos la Reforma en sí, que es absolutamente necesaria. Como dice la presidenta Fernández, es “imposible resolver los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando”.

El nuevo Código garantiza derechos civiles con una legislación realmente de avanzada. Por ejemplo:  que los integrantes de un matrimonio de mismo sexo reciban igual tratamiento sobre sus derechos que las parejas heterosexuales; que los contrayentes puedan acordar mantener separados sus bienes a través de contratos prenupciales; que se garanticen los derechos de asistencia y protección de la vivienda para parejas que convivan dos o más años; etc.

Otro aspecto positivo de la Reforma, es que el Gobierno trabajó con una “comisión de notables” –juristas, asociaciones profesionales y ONGs–, como ha remarcado la mandataria, a diferencia del vigente que fue sancionado “a instancias del (ex presidente) Bartolomé Mitre, el Código Civil que rige en la actualidad fue aprobado a libro cerrado”.

El anteproyecto realizado por la comisión fue analizado por el Poder Ejecutivo y sufrió varias modificaciones antes de ser enviado formalmente al Congreso. La introducción de la pesificación de contratos y de la licuación de la responsabilidad civil del Estado son los cambios más polémicos que le hizo el Gobierno para la prensa opositora al Gobierno y para la oposición.

Pero la el lampazo oficial no se quedó ahí. Las modificaciones –adjudicadas a la pluma del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, bajo supervisión de la Presidenta– se cuenta la eliminación lisa y llana de un artículo (que en el anteproyecto llevaba el número 241) que reconocía como “derecho fundamental” el acceso al agua potable y obligaba al Estado a garantizarlo a “todos los habitantes”.

También existe una poda completa de la sección reservada por la comisión que encabezó el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para la tipificación de “los daños a los derechos de incidencia colectiva”. En el texto ahora borrado se consideraba legítimados para accionar a ONGs, el Defensores del Pueblo de la Nación o sus pares locales, fiscales judiciales y grupos de ciudadanos que muestren “interés relevante”.

Cabe remarcar que los derechos colectivos tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, en la que Cristina Kirchner tuvo una actuación relevante como secretaria del bloque peronista.

Por otra parte, la Reforma Constitución del 94 introdujo entre los pactos internacionales con jerarquía constitucional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), que en su Artículo 2 garantiza el derecho a la salud que en la Observación General Nro. 15 sostiene que el derecho natural al agua potable como precondición para asegurar la supervivencia.

El pacto de coloniaje del Gobierno Nacional  con las transnacionales mineras es tan fuerte que se arriesga a arruinar una propuesta que tiene muchísimos aspectos positivos. Pero la mentalidad de colonia de nuestros gobernantes es más fuerte.

Les han redactado un Código Minero –la última reforma es de 2004– y un marco impositivo que le garantiza al sector minero ganancias extraordinarias. Han silenciado o reprimido a los movimientos sociales que han tratado de oponerse al despojo. Y ahora les quieren garantizar –y garantizarse a ellos mismos– la impunidad.  

No sólo el Gobierno se deslinda sobre las consecuencias ambientales que más preocupan a los pobladores de zonas donde escasea el recurso, sino que tampoco puedan accionar en forma conjunta contra el Estado o contra las corporaciones extranjeras por los pasivos ambientales.

Pero el doble discurso del Gobierno no se queda ahí. Con una actitud cínica la presidenta Fernández se leva al paroxismo cuando vemos su agenda oficial para el viaje que ha realizado a Nueva York: hoy expondrá ante el Comité de Descolonización y la Asamblea General de la ONU la reivindicación sobre la soberanía de las Islas Malvinas de nuestro país; y mañana se reunirá –como hace infaltablemente cada vez que está en la “Gran Manzana”– con el Council Of The Americas, una organización de promoción de inversiones y libre marcado –presidida por David Rockefeller– formada por transnacionales que operan en América Latina y todo el hemisferio occidental.

Uno de los miembros élite de esta organización es nada más ni nada menos que Barrick Gold Corporation –cada vez que se reúne Cristina con el Council, siempre hay una reunión especial con Peter Munk–. Pero hay otras transnacionales en el Council que también festejarán estas reformas del Código Civil: Bridas Corporation (petrolera a la que le renovaron por decreto las concesiones de explotación de pozos en 2007 por 40 años), Cargill y Monsanto Company (transgénicos y agrotóxicos); Chevron Corporation; Exxon Mobil Corporation (con quienes quieren hacer negocios en YPF); Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); Pluspetrol; Shell International EP, entre otras.

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