El ajuste te mete la mano en el bolsillo
El aumento del mínimo no imponible anunciado por la Presidenta Cristina Fernández en enero no será del 20% sino del 16,7% porque sólo regirá a partir de marzo, sin corregir los valores de los dos meses anteriores. Es otra forma en la que se expresa el ajuste. El mínimo no imponible se mantuvo fijo casi dos años a pesar de que la inflación de 2011 superó el 20% y la de 2012 fue de alrededor del 25%. Los aumentos autorizados en las paritarias de 2012 promediaron un 24% -a pesar de que el Gobierno propuso una pauta del 22%-. Por lo que no sólo la inflación se morfa los ingresos de los asalariados, sino que el Estado produce una auténtica confiscación masiva a través del fisco.
Así surge de la Resolución 3449 de la AFIP publicada ayer en el Boletín Oficial que reglamenta el decreto presidencial de suba del mínimo no imponible. En consecuencia los asalariados y jubilados a quienes se les retiene todos los meses Ganancias, pagarán más impuesto que el que hubiera surgido de haberse aplicado la mecánica habitual de retención acumulada anual. Si el 20% era de por sí un incremento bajo que no contemplaba la inflación del año pasado -estimada en 25%- ni tampoco la proyección para este año, ahora la situación se agrava porque el aumento efectivo es menor. Y esto sumado a que las escalas sobre las que se aplican las alícuotas siguen congeladas en los valores de 2001, lleva a que la imposición de Ganancias sobre trabajadores y jubilados sea muy superior a la que se aplicó durante el año pasado.
Los Nac&Pop, para justificarse, aseguran que el reclamo por Ganancias es clasemedista. ¡Parece que están orgullosos de que el 70% de los trabajadores ganen menos de 5 lucas, y consideran que si son solteros y ganan $ 6.800 o son casados con ingresos de $ 10.000 son ricos! Encima sostienen sus ridículas cifras de inflación y costo de vida -según las cuales, el año pasado se sólo alcanzó una inflación del 10 y pico por ciento, por lo que con $ 6 diarios una familia no es indigente y con casi 3 lucas mensuales, un trabajador casado ya está en la clase media-. Uno no sabe, a esta altura, si se burlan de nosotros o si, es peor, se lo creen.
Más inadmisible es que un gobierno que se llena la boca diciendo que es nacional, popular y progresista implemente semejante salvajada como es el nuevo esquema de asignaciones, que dejará a miles y miles de familias sin este beneficio. Es decir, se encontrarán en su recibo de sueldo con quitas que llegan a los 340 pesos mensuales.
En definitiva, esta situación es una cabal muestra de cómo funciona lo que algunos economistas denominan “el impuesto inflacionario”. No actualizar las asignaciones familiares o el impuesto a las ganancias, en función del real incremento del costo de vida, que este año rozará el 25%, significa una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que el Estado se favorece debido a que el aumento de precios representa más recaudación en concepto de IVA.
Es una aberración jurídica considerar a los salarios como una ganancia, cuando son los empleadores los que pagan este impuesto en función de la plusvalía que obtienen gracias al trabajo aportado por sus empleados.
Obviamente, esta voracidad fiscal responde a una necesidad de caja. Las arcas están vacías y ya no hay recursos para seguir sosteniendo el enorme aparato clientelar que montó el ladriprogresismo. Asimismo, muestra el cariz antipopular de una administración que le mantiene los beneficios escandalosos, como es el hecho de que los bancos no paguen ni un solo peso de impuestos por la renta financiera que obtienen en un país, cuyo modelo económico, en gran parte, se sustenta en la usura; o las multinacionales mineras, que saquean nuestros recursos naturales y contaminan las fuentes de agua dulce más puras del país, dejan poco y nada al fisco, y sólo aportan en función de declaraciones juradas elaboradas por ellas mismas, que nadie controla.
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